Se dice fácil, pero el que actualmente un medio de comunicación escrito cumpla 29 años de vida activa, como los alcanzó el pasado martes La Crónica de Hoy, créaseme que no es nada sencillo, y menos al tratarse de un diario que ha destacado por abrir amplios espacios a la cultura y a la ciencia, temas que por tradición, al menos en nuestro México lindo y querido, carecen de patrocinio y por lo tanto sacarlo cada día es un esfuerzo tremendo del que me enorgullezco, al tener ya 27 años escribiendo semanalmente en sus páginas. Felicidades a don Jorge Kahwagi, presidente del Consejo de Administración, a don Rafael García, su Director General, y demás compañeros siempre tan generosos para con “Animalidades”, pero, como la vida es un constante yin yang, por otra parte está la muerte, ayer, de Isabel Turrent, madre de León Krauze, a quien mando un sentido pésame recordando siempre su bonhomía.
Y ya entrando al TEMA de este jueves, les cuento que hace varios sexenios el gobierno mexicano empezó a preocuparse por todo lo que representara conflicto de interés en sus instituciones, a objeto de evitar acciones dudosas o de plano que se prestaran a corrupción. Dado lo anterior, desde lo que antes era la Secretaría de la Función Pública se comenzó a trabajar el entendimiento franco del concepto, para a la vez ir capacitando a funcionarios y personal de cualquier área de gobierno, especialmente a quienes llevaban la batuta en la materia, elaborándose hasta un método para medir la posibilidad de cualquier intromisión al respecto, pudiendo así detectarse y prevenirse a tiempo esa práctica desleal al identificar previsoramente conductas que pudieran constituirla, peeeero, parece ser que para el gobierno de la transformación esa consideración quedó arrumbada y precisamente ya por una segunda ocasión evidentísima en una de las áreas más corruptas y corruptibles de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SeMARNat) donde por hoy todavía… todavía… manda doña Alicia Bárcenas, a la que de entrada le fueron impuestos varios nombramientos entre los que destaca precisamente la titularidad de la Dirección General de Vida Silvestre donde fue colocado un protegido de la PresidentA Sheinbaum que presenta cuestionable conflicto de interés al estar vinculado (documentos al margen) a personas de muy dudosa reputación en cuanto a sus actividades de manejo y comercio con fauna silvestre, lo que sumado a la alegría manifiesta que causó justo en esas personas la designación, hace que se dude aún más sobre un desempeño honesto por parte del ahora funcionario federal Fernando Gual, motivo por el cual ayer miércoles diversos grupos de activistas -que ya lo traían entre ojos- se apersonaron frente a la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría referida solicitando a voz en cuello su destitución. Sobre lo escuchado y leído de sus fundamentos no opino de momento, inclusive porque algunos puntos no corresponden a su estadía en el puesto. Sin embargo, lo que sí veo con claridad es que de conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el referido debió declinar su participación, por cuanto los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, lo que le será cuesta arriba a Gual simplemente debido a su estrecha cercanía con el señor Ernesto Zazueta y compañía, que de no ser porque hubo confeso que coordinó la carta académica en defensa del afectado, todo lo hubiera indicado como el promotor de un ejercicio además absolutamente innecesario partiendo de que la PresidentA no solamente lo sostendrá ahí contra viento y marea, sino que de ser posible hasta lo ascenderá. Será cuestión, entonces, de que el activismo que ayer exigió su destitución se ponga a revisar con lupa todas y cada una de las autorizaciones del “conservacionista”, particularmente las que correspondan al señor Zazueta, tan preocupado por ¿rescatar? fauna en conflicto, reproducirla sin recato y por mandar cientos de animales a un inmenso “santuario” en la India, más…
Volviendo al asunto en comento, téngase presente que el conflicto de interés real, aparente o potencial implica siempre un apremio entre el poder público y los intereses privados de quien como en este caso, su desempeño sí o sí será susceptible de sospecha. De lo contrario propongo someter al funcionario al CONFLICTÓMETRO y veamos si hay razón o no de que pueda incluso darse un simple ejercicio abusivo de sus funciones, lo que recaería ya en el ámbito penal.
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