En un artículo esclarecedor en El Financiero, Luis Castro Obregón explica las insuficiencias del sistema mixto electoral, que combina el principio de mayoría relativa con el de representación proporcional, producto de la reforma política-electoral de Reyes Heroles y de las subsecuentes de 1996, 2007 y 2014, e invita a la presidenta Sheinbaum a proponer una profunda, sin arriesgar su mayoría, que evite los errores del pasado.
En la visión del ex dirigente del Partido Nueva Alianza, el sistema actual es resultado de un partido hegemónico que decide abrir, gradualmente, espacios al debate crítico mediante el acuerdo con líderes opositores organizados, que marcaron a la transición democrática como un proceso cupular partidista, en el que los candidatos en las listas eran determinados por las dirigencias nacionales, que invariablemente se autodesignaban en los primeros lugares.
En ese sentido, con errores técnico-jurídicos evidentes, como la regulación de las coaliciones, y una falta de renovación de las cúpulas partidistas, el sistema electoral fue el camino para la sobrerrepresentación política y que haya la posibilidad que pase una reforma política que nos regresa a la normatividad política de los años setenta, con baja pluralidad en la representación.
La narrativa del oficialismo, que propone la eliminación de la representación proporcional, argumenta una supuesta falta de representatividad de este principio electoral y denuncia sus usufructuarios sólo obedecen a los intereses cupulares de los partidos políticos y carecen de todo tipo de mérito, salvo su incondicionalidad a las dirigencias. Además, sostiene que los únicos representantes populares son aquellos que ganan en las urnas por mayoría relativa.
El anuncio de la presidenta Sheinbaum sobre la proximidad de la presentación del proyecto de decreto, que contendrá la reforma constitucional en materia electoral, abrió la posibilidad de que haya un segundo periodo extraordinario en el Congreso de la Unión para su aprobación y marcó el inicio del debate para defender que haya la mayor pluralidad en la representación política, que refleje la complejidad de los intereses de la sociedad, no sólo la visión de la mayoría política.
Entre 1996 y 2018 se construyó una institucionalidad con base en la posibilidad efectiva de la alternancia en los gobiernos y expresiones políticas no subordinadas al gobierno en turno, que favoreció un auténtico control de los poderes del presidencialismo y el centralismo, que caracterizó al régimen político mexicano en los periodos de 1888-1910 y 1928-1995. Hoy dicha institucionalidad está cuestionada por los defectos de la partidocracia, que se maximizan en el discurso y que explican el ascenso de un movimiento hegemónico de corte autoritario, y el ambiente político social es propicio para el regreso a lo malo, pero conocido.
La izquierda mexicana no destaca por su democracia interna. La verticalidad y el caudillismo ha sido su sello distintivo. Incluso, muchos de los que todavía apoyan al oficialismo están percibiendo que el pensamiento progresista es desplazado por los intereses de los transformados provenientes del tripartidismo que gobernó en las dos primeras décadas del siglo XXI. En ese sentido, es esperable que la propuesta de reforma presidencial reduzca el financiamiento público a la promoción de la democracia por la vía de los partidos políticos y limite los espacios de participación y pluralidad, bajo el argumento que ésta puede abrir oportunidades de influencia a los grupos antipatriotas y conservadores. Independientemente de las componendas cupulares, que todavía provocan el rechazo a la partidocracia, el Congreso de la Unión tenía una composición que reflejaba la diversidad de propuestas electorales, lo que no sucedía en los años setenta, cuando el partido oficial tenía más del 90 por ciento de los cargos electorales con una fuerza electoral notoriamente inferior.
La reforma que se aprobará, afianzará la sobrerrepresentación de la mayoría, lo que cancelará las vías de regeneración de los restos de la oposición del tripartidismo derrotado en 2018. Esto, que muchos electores consideran correcto por el costo presupuestal de esas estructuras partidistas poco representativas, ahoga el pluralismo y limita el acceso de los cuadros políticos y burocráticos a los cargos de mando y condiciona el ascenso o promoción a la lealtad y al padrinazgo.
La representación proporcional controlada por las cúpulas partidistas no es sostenible, pero su eliminación lisa y llana tampoco es deseable, si el propósito de la reforma político electoral es profundizar la democracia mediante el reconocimiento y respeto del pluralismo ideológico de la sociedad. Hay otras formas más participativas como la representación proporcional con listas abiertas o la asignación de curules y escaños a primeras o segundas minorías. El debate debiera ser amplio, abierto e incluyente, lo que no será si la iniciativa presidencial se presenta en un periodo extraordinario, con un Congreso urgido de aprobarla.
La pluralidad política es un bien en sí mismo, pero no se genera espontáneamente. Hay que procurarla con partidos políticos democráticos y un sistema electoral abierto, que garantice la participación en condiciones de equidad. El desmantelamiento del autoritarismo fue lento, pero su reinstalación puede ser muy rápida, si la propuesta de reforma se reduce a la eliminación de la representación proporcional.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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