
En México aún hay políticos que creen que el país sigue siendo su hacienda. Que pueden repartir instituciones como si fueran ranchos. Que pueden decidir por todos desde los pasillos, los cafés de Reforma o las oficinas alfombradas de Insurgentes.
Y ahora que se acerca la designación del nuevo Auditor Superior de la Federación (ASF), ya comenzaron a moverse esos grupos de presión que buscan controlar la última barrera contra la corrupción, la fiscalización del dinero público.
Vayamos por partes, con nombres y responsabilidades, El Diputado y Presidente de la Jucopo Ricardo Monreal no decide, Adán Augusto López no decide y David Colmenares… mucho menos decide.
La ASF no es botín de facciones, ni una continuación de amistades políticas, ni una agencia de protección.
Colmenares deja una institución debilitada, cuestionada y sumisa.
El colmo sería que pretendiera influir en su sucesión con Emilio Barriga, su fiel operador y gran amigo.
La Presidenta ya marcó la línea correcta, ella no intervendrá para imponer un perfil.
Eso tiene nerviosos a quienes se acostumbraron a que un solo mando diera instrucciones.
Pero ese tiempo se acabó, pues la autonomía va en serio, y
los procesos constitucionales se respetan.
Quien crea que puede presionar, manipular o torcer la decisión… no ha entendido el México en 2025 ni a nuestra Presidenta la Dra. CSP.
No más captura política en los estados, ya que hay otro frente igual de preocupante, pues los grupos estatales que han hecho de las auditorías locales un instrumento de impunidad.
Algunos gobernadores y operadores locales sueñan con extender ese control a la Auditoría Superior, buscando impunidad para desvíos multimillonarios, auditorías light para sus operadores, y protección para sus negocios con el presupuesto federal
Desde las entidades federativas saben bien que la ASF puede detectar la corrupción que ellos esconden en sus secretarías de obras, seguridad y salud.
Por eso la quieren mansa. La quieren suya.
Y no lo van a lograr, se necesita voz experta, no ambición de poder, por eso México requiere que se escuchen voces expertas, de quienes han trabajado en serio por la rendición de cuentas.
Ahí está el caso del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, que durante años ha empujado iniciativas para tener mejores auditorías, una profesionalización de la fiscalización superior, un control interno real junto a una coordinación efectiva con los estados.
A diferencia de los operadores de siempre, él sí entiende el sistema y sabe cómo fortalecerlo.
Lo que está en juego son los más de 9 billones de pesos del PEF, no hablamos de un proyecto político, hablamos del uso del presupuesto nacional, programas sociales, de salud, de Infraestructura, de educación, de seguridad y de estados y municipios.
Sin una ASF fuerte, la corrupción volverá a reinar como hasta ahora.
Queda dicho para quien quiera escuchar, El Auditor Superior será electo por la Cámara de Diputados con escrutinio público, con criterios técnicos, y con responsabilidad de Estado.
No habrá imposiciones.
No habrá acuerdos en la sombra.
No habrá vuelta al pasado.
México exige una ASF firme, autónoma y valiente, no como la que deja David Colmenares y su círculo cercano simulando “separaciones” y jugadas de doble banda como es el caso de la “separación anticipada su operador y amigo incondicional Emilio Barriga”
