Ante el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la respuesta ha sido inmediata y coordinada. La Presidenta Claudia Sheinbaum, con sensibilidad y prontitud, marcó la línea: condenó “con absoluta firmeza el vil asesinato”. Habló con el gobernador, Alfonso Ramírez Bedolla, y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y convocó a sesión extraordinaria del Gabinete de Seguridad.
En esas acciones se cifra una idea de gobierno: ante el crimen, el poder estatal no es simple espectador. Al mismo tiempo, queda claro el desafío no resuelto en el país: la impunidad criminal de los grupos delictivos con intocada operación en algunas regiones.
El gabinete dominicalmente convocado enfatiza coordinación inmediata con mandos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, y la presencia territorial del Estado mexicano en entidades como Sinaloa y Michoacán. Son señales de la potencia del gobierno, pero también de sus tareas pendientes no resueltas con los números del registro declinante de homicidios dolosos generados por organismos de alta peligrosidad.
La potencia estatal no ha arrinconado aun suficientemente a los criminales en todas las entidades. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una disminución sostenida de 32 por ciento en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025. La tasa nacional ronda hoy los 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Michoacán y Sinaloa son laboratorios de una estrategia con resultados y mayores retos. García Harfuch ha encabezado al menos seis misiones de supervisión en Sinaloa y dos en Michoacán, con estancias de varios días o semanas. En ambos casos, la táctica es la misma: presencia permanente, trabajo con autoridades locales, reforzamiento de mandos territoriales, coordinación interinstitucional. Y él mismo reconoció durante su exitosa comparecencia que aún falta, lo cual se comprueba a juzgar por el asesinato en Uruapan.
El crimen contra el alcalde Manzo es uno contra la comunidad nacional. Como con el caso del sobrino del líder de las autodefensas michoacanas Hipólito Mora o el de Bernardo Bravo, dirigente de los limoneros. Se revela que la delincuencia aún busca escenarios de visibilidad. Aunque el munícipe contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional y protección permanente desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025, detallada en conferencia por el general Ricardo Trevilla, titular de la Defensa Nacional, junto con el secretario de Seguridad, tras la reunión con la Presidenta, no se impidió su asesinato.
Hay dos personas detenidas y un sospechoso abatido. Al día siguiente, el gabinete federal ofreció un informe público. El mensaje es inequívoco: no habrá impunidad y al mismo tiempo continúa la ocurrencia del crimen desde los cárteles. Los hechos “tan lamentables nos impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad”, en palabras de Sheinbaum, son duros como la violencia continuada.
Los jóvenes constituyen un terreno estratégico de esta batalla. La violencia es la principal causa de muerte para personas de entre 15 y 34 años, según datos del INEGI. Así, su reclutamiento como victimarios o víctimas es un aspecto clave de la potencia criminal. El alcalde era un hombre joven.
Durante años, el crimen organizado se alimentó de la ineficiencia entre niveles de gobierno. La convocatoria a un gabinete de emergencia simboliza un apetito de vigencia del modelo de seguridad que no delega responsabilidad ni tolera la omisión.
Los desafíos persisten. Como lo ha mencionado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, un acontecimiento de violencia no modifica la tendencia a la baja de la incidencia en homicidios y, al mismo tiempo, debemos hacernos cargo de la violencia criminal persistente.