Tal parece, según lo publicado, que el pasado sábado hubo tres o cuatro marchas de la llamada Generación Z en la Ciudad de México. Cada quien, según el color del grupo político al que pertenece, vio lo que quiso ver. El resultado es que desde el domingo atestiguamos una batalla de narrativas sobre lo que realmente ocurrió. La verdad no es preocupación de los políticos, lo sabemos, pero sí tiene que serla de los medios.
El gobierno tiene muchos más recursos, a pesar de lo cual le ha costado trabajo imponer su versión de los hechos que en síntesis es la que sigue: Fue una marcha convocada por la derecha internacional y sus aliados en el país, como Vicente Fox, que quieren sembrar el caos. Hubo muy pocos jóvenes, la mayoría eran chavorrucos identificados con grupos opositores de la 4T.
El gobierno omite referirse a las demandas esgrimidas por la gente que fue. Concentra los reflectores en la violencia frente a las vallas de Palacio Nacional. Y lo más preocupante es que dice que no sabe quiénes son los violentos, pero que ya mero van a investigar. Menos mal. Desmenuzaron la red digital de los convocantes, pero no tienen idea de qué grupo hirió a cien policías. Qué raro. Abusados para unas cosas y torpes para otras. Torpeza supina, claro está. Ya van dos veces en pocos días que 100 policías salen heridos, tal parece que los uniformados capitalinos son carne de cañón de las jugadas políticas.
Pero son juegos peligrosos que pueden dar lugar a una tragedia. No exagero. No hay ninguna ciudad importante en el mundo donde un grupo agreda de esa manera a la policía y el gobierno apenas comience a indagar. Las suspicacias no son gratuitas. ¿Quiénes son los reventadores? ¿Qué mano mece la cuna?
La molestia de la gente podría achicarse, incluso evaporarse si se aclara el caso del asesinato del alcalde de Uruapan en pleno centro de la comunidad frente a cientos de personas en la Fiesta de las Velas del Día de Muertos. ¿Quién ordenó la muerte del alcalde y quién ordenó la muerte de los jóvenes sicarios? Acaso los recientes cambios en el gobierno de Michoacán asfalten el camino de la investigación. El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva fueron removidos de sus cargos. La prensa local lo manejó como una orden directa de Omar García Harfuch, por algo será. La mafia reaccionó a los cambios con quema de vehículos en la carretera La Piedad-Guadalajara entre otros lugares del estado. Ya hay en la entidad 10 mil soldados de modo que los malandros no pueden tener un enfrentamiento directo, pero sí pueden hacer mucho daño.
Para desactivar las protestas el gobierno tiene un camino marcado; acabar con la impunidad caiga quien caiga, pero si los autores intelectuales se salen por enésima vez con la suya que nadie se sorprenda de que la gente esté indignada.