La política eléctrica en México ha sido históricamente, un mecanismo de redistribución. Durante buena parte del siglo pasado, el desarrollo industrial se sostuvo mediante esquemas de subsidio que abarataron el consumo energético de las grandes empresas. A partir de los años noventa, este modelo se configuró bajo la lógica neoliberal, el Estado redujo su responsabilidad directa y comenzó a trasladar los costos del sistema eléctrico a los usuarios domésticos, afectando de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos.
La introducción de cargos adicionales en los recibos de electricidad a partir de 1991 reflejó ese cambio estructural. Fueron medidas que alteraron el principio de equidad tarifaria al preservar beneficios para grandes consumidores al tiempo que se incrementaban las cargas sobre la población. La política energética dejó de orientarse al equilibrio social y pasó a priorizar criterios financieros, debilitando el carácter público de un servicio estratégico.
El periodo actual muestra un giro relevante frente a esa trayectoria. El plan de expansión eléctrica 2026–2030 anunciado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma la rectoría del Estado en el sector. El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, la meta de que genere al menos el 54% de la electricidad nacional y la inversión pública en nueva capacidad de generación, expresan una redefinición del modelo energético, centrada en soberanía, seguridad y justicia tarifaria.
En este marco, regiones como la de Tamaulipas adquieren relevancia estratégica. Los proyectos de ciclo combinado, junto con el desarrollo de infraestructura fotovoltaica y eólica, permiten ampliar la capacidad instalada, diversificar la matriz energética y garantizar un suministro confiable. A diferencia de etapas previas, la expansión no se concibe como un proceso de privatización, sino como una inversión pública orientada al interés verdaderamente nacional.
La comparación histórica es necesaria. Mientras en los años noventa se justificó la carga sobre los usuarios domésticos como condición para la viabilidad financiera del sistema, hoy se reconoce que la electricidad es un insumo esencial para el desarrollo y el bienestar social.
A 34 años de distancia, la disputa por la electricidad en México sigue siendo una discusión sobre el papel del Estado y el sentido de lo público. En este contexto, la soberanía energética no es solo una meta técnica, sino una decisión política que reafirma la electricidad como un derecho estratégico y no como una mercancía sometida exclusivamente a la lógica del mercado.