Sabemos que el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se niegan a suicidarse. Los socios de la coalición gubernamental se dan cuenta que las propuestas, apenas esbozadas en un power point por la presidenta Claudia Sheinbaum, representan una negación al pluralismo, la perseverancia por la concentración del poder, un nuevo intento de distorsionar la representación en el Congreso y la insistencia por des-profesionalizar el trabajo electoral del INE y de los Órganos Electorales Locales (OPLE’s). Esas cuatro cosas ya están claras en las nueve láminas presentadas por el señor Pablo Gómez en la mañanera.
De modo que la coyuntura queda abierta y expuesta. Para decirlo sin más vueltas, lo que está en juego (desde el “Plan A” de López Obrador) son las condiciones legales y materiales para ratificar o cambiar libremente a los gobiernos en México, de una manera legal e institucional.
Esta es la conquista central de la transición y del breve período de la democracia en México. La posibilidad para cambiar pacíficamente a nuestros gobiernos. No hay que perder de vista este punto ni por un momento. De eso estamos hablando, cuando hablamos de esta reforma electoral.
Ahora bien, ¿cuáles son los asuntos que desde ahora son más nocivos en el programa presidencial?
Primero, el debilitamiento de la estructura profesional del INE. Esa noción, según la cual, cualquiera puede gestionar un proceso electoral, temporal e improvisadamente es un grave error. La experiencia histórica en México y en todas partes, es que dada la complejidad y la responsabilidad de administrar la competencia electoral, es necesario un personal especializado y profesional. Así que reducir en 25 por ciento el presupuesto del INE equivale a disminuir esa capacidad.
Luego está el tema de reducir el tiempo oficial en la radio y televisión para las campañas partidistas. Eso no es menos “espotización” sino una graciosa concesión con la industria. Propiciar mensajes con mayor contenido, debates abiertos, campañas de mas sustancia debería ser ewl propósito de una reforma democrática. Esta, no lo es.
La eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no es otra cosa que restar certidumbre a las elecciones mexicanas. La famosa publicidad, verificación y redundancia de los resultados en los comicios. Primero ocurre en conteo de votos, dirigidos por vecinos, en casi 160 mil casillas a lo largo y ancho del país. Esas personas que aceptaron hacerse cargo de la elección colocan una manta afuera de cada casa, escuela o centro de votación. Los representantes de partido se quedan con una copia firmada por los presentes. Luego, un profesional del INE o de los organismos estatales, envía rápidamente esas mismas actas, a cada distrito donde son ingresadas -su imagen y resultados- a un sistema que es posible ver cada minuto, cada hora, la noche misma de la elección, desde su distrito, municipio, estado, en la Ciudad de México y en cualquier parte del mundo, gracias a Internet. ¿Cuál es la razón para restar esta transparencia casi inmediata de las elecciones mexicanas?
Y por supuesto, la alambicada propuesta de cambiar la representación proporcional. La explicación del gobierno es por lo menos, confusa y contradictoria.
En primer lugar, ese prejuicio, según el cual, los diputados de mayoría son superiores a los representación proporcional. No resiste ninguna contrastación empírica.
Preguntémonos ¿Para qué sirven los plurinominales? Imagine el lector un distrito en el que el diputado ganador obtiene el 45 por ciento de los votos; el segundo lugar 35 y el tercero, 20. Si no hubiera representación proporcional, el ganón se lleva todo, un cargo de elección directa, pero la mayoría (el 55 por ciento) que no voto por él, no tendría reflejo en el cuerpo colegiado… no tendrían representación. Lo que hacen los plurinominales es recoger esos votos en una bolsa que les dará tantos escaños como votación obtenida, para que tengan su justa proporción en la Cámara de Diputados.
¿Lo ven? Lo que hacen los plurinominales es expresar un principio democrático por excelencia: a tal porcentaje de votos, tal porcentaje de la representación. Lo justo, lo más cercano a eso. Y esto debería ser el centro de la discusión en el Congreso.
Finalmente: ¿Por qué si el gobierno y Morena que han ocupado todos los espacios de gobierno, la presidencia, una mayoría inconstitucional en la Cámara baja, decenas de gubernaturas, el poder judicial y un largo etcétera se aventuran a una reforma en la que ni siquiera sus aliados están de acuerdo?
Respondo: porque no están seguros de ganar. Aún con todas sus ventajas, legales o ilegales, el morenismo sabe que puede perder, porque de hecho ya ha ocurrido muy a pesar de sus ansias hegemónicas. El ejemplo de Uruapan y el movimiento del sombrero -que derrotó cuatro a uno a Morena- en Michoacán, mientras la presidenta Sheinbaum recibía el 59 por ciento de votos, es solo un síntoma. Poza Rica, Jalisco y Nuevo León, otro. De modo que el régimen se lanza a un pasaje altamente incierto porque quiere todas las ventajas: instituciones electorales capturadas, apachurrar el financiamiento a la oposición y mayorías aseguradas mediante fórmulas retorcidas.
Con los elementos disponibles, este es el marco en el que entramos ya y que intenta sellar con plomo y piedra, la concentración de poder de un régimen autoritario.