El miércoles pasado, el pleno de la Cámara de Diputados, no aprobó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Sheinbaum, que era una versión descafeinada de la que propuso su antecesor, el llamado Plan C, y muy diferente a la que originalmente puso a su consideración, Pablo Gómez, en su calidad de presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la que participaron la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Oficina de la Presidencia de la República; la Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República. El círculo cercano propio y heredado.
Esta propuesta, con independencia de su narrativa, tenía pocas probabilidades de obtener el apoyo de los partidos minoritarios, aliados y opositores, porque afectaban las condiciones de la competencia electoral y su propia sobrevivencia. En una democracia de sistema de partidos, aun en aquella en donde haya uno hegemónico, es difícil aprobar una modificación constitucional que requiere una mayoría calificada sin el acuerdo de por lo menos dos o tres fuerzas políticas.
Si bien el mensaje reiterado en las últimas semanas es que Morena, el PT y el PVEM persisten en su alianza con miras en las elecciones de 2027 para conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para impulsar el llamado segundo piso de la transformación, también es cierto que hubo un desencuentro, que se perfiló desde que Pablo Gómez presentó los resultados de la Comisión que presidía.
El proyecto original incluía, según la presentación en diapositivas (no se conoció un documento con forma jurídica), la desaparición de las diputaciones y senadurías plurinominales, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y una reconfiguración del INE. Con este contenido, se parecía mucho a la reforma que López Obrador propuso el 5 de febrero de 2024, en medio de la campaña electoral y que, supuestamente, fue avalada por el pueblo con la elección de la presidenta Sheinbaum. La iniciativa rechazada era sustancialmente distinta.
La Constitución mexicana formalmente es rígida. Esto significa que su modificación requiere una mayoría distinta, dos terceras partes de los miembros presentes de las cámaras, respecto a la que se exige para una reforma legislativa. Además, debe ser aprobada por la mayoría de las legislaturas. Este modelo de renovación del texto constitucional, conocido teóricamente como poder constituyente permanente, pretende que las decisiones políticas fundamentales del constituyente original (1917) se preserven y que su cambio necesite de un consenso amplio, de las fuerzas “revolucionarias” incorporadas al partido oficial durante el régimen autoritario del siglo XX o de los partidos políticos en la transición democrática gestada a partir de la reforma política de 1977, que dio origen a la representación proporcional como principio electoral de los poderes legislativos federal y locales.
Esta rigidez del cambio constitucional es poco defendible ante un dato evidente. La reforma electoral rechazada hubiera sido el decreto modificatorio número 280 de la Constitución de 1917 después de su promulgación. Sin embargo, la facilidad de una reforma constitucional cuando hay consenso, no se reproduce cuando las fuerzas transformadoras del neo oficialismo se dividen. En ese momento, opera el principio de rigidez constitucional.
¿Por qué los partidos aliados de Morena no apoyaron la reforma? La respuesta es de una simpleza política que raya en la grosería. La aprobación era eliminarlos de la toma de decisiones de la Cuarta Transformación. En lenguaje del autoritarismo del siglo XX, hubieran dejado de ser fuerzas revolucionarias relevantes, como les sucedió al PARM y al PPS, hace 70 años, que respaldaron la candidatura única de López Portillo en 1976, pero que durante su gobierno fueron un cero a la izquierda. En lenguaje de Anaya, líder del PT, era darse un balazo en el pie.
Bajo esa perspectiva, los aliados de Morena con gran rapidez se alinearon nuevamente al proyecto de la transformación y renovaron su lealtad a la presidenta con miras a la elección de 2027. El 2030 está muy lejos. La sobrerrepresentación actual del oficialismo se puede reproducir con las reglas actuales, pero requiere de aliados. La reforma rechazada garantizaba lo mismo sin aliados. La rigidez constitucional opera en los extremos, lo cual justifica su existencia y evita que volvamos al país del gobierno de un individuo, electo sin competencia, en un proceso controlado desde el gobierno.
La mayoría calificada para una reforma constitucional opera en forma distinta en el autoritarismo y en la democracia. En el primero, esta se diseña e impulsa desde el Poder Ejecutivo y en la segunda en los partidos políticos, pero en ambos casos hay que lograr consensos. Pablo Gómez olvidó esto y no cumplió con la tarea que le encargaron. Vale.