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El empresario Alejandro Talavera desmintió las acusaciones en su contra hechas por Anaisi Orozco en diversos medios de comunicación, en los que lo señala de ejercer violencia vicaria; al respecto, los representantes legales del Talavera Velázquez, padre y actual responsable de Nicolás “N”, consideraron necesario aclarar los acontecimientos y proporcionar una visión fundamentada y legalmente respaldada sobre las situaciones expuestas.
La defensa legal explicó que el pasado 29 de noviembre, Talavera se encontraba de viaje y el menor, que por orden judicial se encuentra bajo su cuidado y atención, permanecía en ese momento al cuidado de sus abuelos.
La señora Orozco, de manera premeditada y mediante presuntos engaños, quebrantando una orden judicial de restricción vigente, que le fue notificada personalmente el día 23 de agosto de 2024, en la que se le prohíbe acercarse a menos de 500 metros del domicilio del señor Alejandro Talavera donde habita con su menor hijo, ingresó al fraccionamiento donde se encuentra el domicilio del empresario.
Aprovechando las circunstancias, señaló la defensa de Talavera, irrumpió en el departamento, tomó al menor en brazos y afirmó que, las medidas de restricción en su contra habían sido revocadas por el Juez Familiar, que ella tenía una copia, sin mostrarla y, que se llevaría en ese momento a su hijo.
Posteriormente, protagonizó forcejeos con los abuelos del menor al intentar llevarse el menor del domicilio; estos hechos fueron videograbados. Ante esta situación, el equipo legal del Sr. Talavera de inmediato verificó si en el juicio familiar había sido publicada alguna resolución judicial que modificara las órdenes de protección, sin encontrar registro de publicación alguna; además de que, el Señor Talavera no ha sido notificado de alguna determinación que sustentara los alegatos de la Sra. Anaisi.
Al ser informados de lo sucedido, los abogados del Sr. Talavera acudieron al lugar para mediar en la situación y solicitar a la Sra. Anaisi la exhibición de los documentos legales que respaldaran sus afirmaciones. Sin embargo, ella no proporcionó sustento jurídico alguno, por lo que fue obligada a abandonar el departamento, dejando al menor al cuidado de sus abuelos.
Las acciones llevadas a cabo por la Sra. Anaisi, al ingresar de esa forma al domicilio particular del señor Alejandro Talavera y pretender llevarse al menor, constituyen a decir de los abogados una franca violación a una orden judicial de protección y serán hechas del conocimiento de las autoridades competentes, para que inicien las investigación correspondientes, ya que podrían ser constitutivas de los delitos de allanamiento de morada, desobediencia a un mandato judicial al violar la orden de restricción vigente y lesiones cometidas en agravio de los abuelos y el personal presente.
“El equipo legal del Sr. Talavera continuará llevando a cabo las acciones necesarias para proteger los derechos del menor, garantizar su bienestar y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes”, explicaron.
Antecedentes del caso
Desde 2023, Alejandro Talavera ha estado involucrado en un proceso legal relacionado con la custodia y el régimen de visitas de su hijo. En este contexto, se promovió un juicio de controversia familiar para asegurar el derecho de Alejandro a convivir con Nicolás, estableciéndose un acuerdo judicial aprobado parcialmente el 31 de marzo de 2023. Sin embargo, diversas acciones de bloqueo por parte de Anaisi han complicado la ejecución de estos acuerdos, llevando a Alejandro a recurrir a medidas legales adicionales para preservar la relación con su hijo.
Entre los hechos más relevantes, destaca un viaje realizado en julio de 2023, autorizado de manera explícita por Anaisi, sin limitaciones temporales o cláusulas restrictivas sobre el retorno de Nicolás. A pesar de ello, Alejandro cumplió con la entrega del menor dentro del marco de los acuerdos vigentes, y las acusaciones posteriores de retención ilegal son infundadas.
Asimismo, en julio de 2024, se presentó una denuncia por una supuesta retención, basada en un incumplimiento del acuerdo de entrega tras un fin de semana. Cabe señalar que tanto Alejandro como Nicolás se encontraban en aislamiento por un diagnóstico confirmado de COVID-19, situación debidamente informada al juez, y que, a pesar de la presentación de pruebas médicas, la denuncia avanzó, resultando en la suspensión del régimen de visitas.
Por otro lado, es imperativo desmentir las acusaciones de violencia vicaria planteadas por Anaisi, las cuales no se sustentan en los hechos ni en las decisiones judiciales. En agosto de 2024, el juez emitió medidas de protección, incluyendo una orden de alejamiento contra Anaisi, buscando resguardar el bienestar emocional y físico del menor.
En cuanto a los 122 días sin contacto entre Anaisi y Nicolás, es importante aclarar que esta situación responde a una medida de protección ordenada por el juez, quien determinó que el acercamiento de Anaisi al menor podría representar un riesgo para su bienestar. Esta medida fue tomada dentro del marco legal establecido, con el objetivo de garantizar la seguridad y estabilidad emocional de Nicolás.
Actualmente, Alejandro Talavera reitera su compromiso con la legalidad y el bienestar de su hijo. Lamenta que este proceso familiar se haya llevado al ámbito mediático, exponiendo innecesariamente al menor. Asimismo, hace un llamado a Anaisi a actuar dentro del marco legal y evitar continuar con una narrativa que distorsiona los hechos y agrava el conflicto.
Los representantes legales de Alejandro subrayan que las recientes acciones de Anaisi Orozco, que incluyen el allanamiento de morada y comportamientos violentos, representan una clara violación de las medidas de restricción y ponen en riesgo la salud emocional del menor, Nicolás. Estos actos, marcados por jaloneos y enfrentamientos físicos con los abuelos y personal presente, resultan altamente traumáticos y contradictorios con el discurso público de Anaisi, quien afirma actuar en favor del bienestar del niño.
En este contexto, Alejandro Talavera reafirmó su compromiso de actuar dentro del marco legal y proteger a Nicolás de situaciones que puedan afectar su estabilidad emocional. Sus abogados continuarán tomando las medidas necesarias para garantizar que se respete la ley y que los derechos del menor prevalezcan, confiando en que el sistema judicial resolverá este caso con justicia.