Hay imágenes que ya no podemos fingir que no vimos. Mujeres golpeadas en plena calle, cuerpos expuestos, feminicidios transmitidos en vivo. No son hechos aislados, son el síntoma de una violencia que ya no se esconde. Y frente a eso, la respuesta del Estado sigue siendo la misma, tipificar, aumentar la pena, prometer cadena perpetua. Como si 70 años de cárcel disuadieran a quien cree que una mujer le pertenece.
México tiene una de las legislaciones más avanzadas del continente en materia de feminicidio. En 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nombramos lo que antes era invisible, la violencia feminicida. En 2012, se tipificó el feminicidio en el Código Penal Federal, artículo 325, con siete razones de género: violencia sexual, mutilaciones, antecedentes de maltrato, relación afectiva, amenazas, incomunicación y exposición pública del cuerpo. Hoy los 32 estados lo contemplan. Tenemos Alertas de Género, órdenes de protección y protocolos de la Suprema Corte con perspectiva de género obligatoria.
Pero tenemos 32 definiciones distintas de feminicidio. Lo que en la Ciudad de México es feminicidio por dejar el cuerpo en vía pública, en el Estado de México puede no serlo. Esa fragmentación jurídica es impunidad disfrazada de autonomía legislativa.
La ley habla de “prevención, atención, sanción y erradicación”, pero el 90% del presupuesto se va a fiscalías rebasadas, sin peritajes forenses, sin bancos de ADN, sin refugios. Las órdenes de protección se imprimen en papel que la propia víctima debe llevar a notificar a su agresor. Hay un rebase institucional muy importante.
Los videos recientes de violencia contra mujeres que circulan en redes nos obligan a ver lo que la ley no quiere ver, el feminicidio no es un arrebato pasional de un monstruo. Es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes. Control económico, celos romantizados, acoso en el transporte, difusión de fotos íntimas, golpes que se normalizan.
La propuesta será sacar el feminicidio del juzgado y llevarlo a la comunidad. Si queremos dejar de contar muertas, tenemos que dejar de pensar que la solución está solo en el Código Penal. Necesitamos un abordaje social del fenómeno criminal.
Educar para no matar. La evidencia internacional es contundente, lo único que baja sostenidamente la violencia feminicida, es trabajar masculinidades con adolescentes de 12 a 18 años; con programas continuos en secundarias y bachilleratos.
Ahí está la oportunidad. Programas como “DGETI en tu Comunidad”, que hoy lleva a estudiantes de Enfermería y Odontología a dar servicios en el Estado de México, deberían incorporar de forma obligatoria un módulo de prevención de violencia en el noviazgo. Que sean los propios jóvenes quienes detecten, hablen y deriven. Prevenir también es servicio comunitario.
Interrumpir la escalada. El 78% de las víctimas de feminicidio ya había sufrido violencia previa. No les faltaron señales, les faltó Estado. Necesitamos un Sistema Único de Historial de Violencia; que el 911, el centro de salud, la escuela y la fiscalía sepan que esa mujer ya ha pedido ayuda. Que una orden de protección sea protección real, con brazalete para el agresor, vigilancia y un refugio digno, no un oficio. Hoy cada institución tiene su base de datos y no se hablan entre sí.
La Suprema Corte ordenó investigar con perspectiva de género. Hay que crear en cada fiscalía Unidades de Análisis de Contexto con sociólogas, antropólogas y criminólogas, no solo con MPs saturados. Entender si ese feminicidio fue usado como mensaje de control territorial del crimen organizado, si hubo violencia vicaria contra los hijos, si hubo control digital.El feminicidio es un crimen de poder y es expresivo. Se mata para enseñar quién manda.
Por otro lado hay que reparar para transformar. A las familias no les sirve una sentencia de 70 años. Les sirve que los hijos huérfanos por feminicidio tengan beca, terapia y vivienda garantizada. Que la comunidad donde ocurrió el crimen tenga una intervención para que no se repita. Mientras sigamos debatiendo si son 60 u 80 años de cárcel son lo mejor, la próxima víctima ya está siendo amenazada en su casa.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es ¿qué estamos haciendo en las aulas, en los consultorios, en las familias, para que un joven de 17 años no crea que matar a su novia es una forma de recuperar su honor? Por ello, aunque hay grandes esfuerzos por parte del gobierno federal, aún debemos seguir construyendo una sociedad que respete el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.