Existe una paradoja que atraviesa nuestra historia contemporánea. Nunca el lenguaje de los derechos humanos había ocupado un lugar tan relevante en el discurso público y, al mismo tiempo, pocas veces había resultado tan evidente la incapacidad institucional para convertir ese lenguaje en una arquitectura territorial de auténtico bienestar generalizado. Los derechos han sido reconocidos, ampliados y constitucionalizados; el desarrollo, en cambio, como condición histórica concreta, continúa fragmentado, sujeto a ciclos políticos de corta duración y a una lógica administrativa que observa al país como una suma lineal de programas, antes que como una comunidad de regiones profundamente distintas entre sí.
La reforma constitucional de junio de 2011 modificó radicalmente la naturaleza del Estado mexicano. El artículo se convirtió en el fundamento ético-jurídico de toda la acción pública. A partir de entonces, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos adquirió rango constitucional y vinculó a todos los órdenes de gobierno bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vista desde esa perspectiva, la planeación del desarrollo adquirió paralelamente una nueva dimensión en la interpretación sistemática de la Constitución.
A poco más de 15 años de la mencionada reforma, esa transformación normativa no ha encontrado todavía su correlato territorial. En efecto, la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continúa dependiendo del lugar donde una persona nace, estudia, trabaja o envejece. En consecuencia, la geografía mexicana sigue distribuyendo de manera profundamente desigual las oportunidades para acceder a una vida digna.
Esa realidad obliga a recuperar al federalismo como proyecto de justicia. En ese sentido, es preciso subrayar que el federalismo mexicano fue concebido originalmente como un mecanismo de distribución del poder político; pero que, frente a ello, hoy debe ser reinterpretado como un instrumento para distribuir capacidades institucionales, oportunidades productivas, infraestructura social, conocimiento científico y posibilidades reales de realización humana. Esa actualización conceptual resulta indispensable en un país cuya diversidad territorial constituye uno de sus mayores patrimonios históricos y, simultáneamente, uno de sus desafíos más complejos.
La experiencia reciente de la llamada Cuarta Transformación planteo recuperar el debate en torno a cuál es el papel del Estado frente al mercado. No obstante, la intervención institucional que ha acompañado este proceso presenta limitaciones estructurales cuyos impactos negativos son cada vez más evidentes. La redistribución del ingreso mediante transferencias monetarias fortalece el ingreso de millones de hogares, pero no constituye por sí misma una estrategia integral de desarrollo; en efecto, la transformación de las estructuras económico-territoriales que producen desigualdades, procesos de exclusión y empobrecimiento, exige otra escala de intervención, otros instrumentos y una temporalidad mucho más amplia.
Las regiones no se desarrollan únicamente porque circulen mayores cantidades de recursos. Se transforman cuando logran articular sistemas productivos, universidades y centros de generación de conocimiento avanzado, infraestructura, innovación tecnológica, instituciones locales sólidas, capacidades y servicios ambientales y acuerdos políticos duraderos capaces de orientar inversiones durante varias décadas. La diferencia entre administrar la pobreza y construir prosperidad radica precisamente en esa capacidad de organizar el territorio alrededor de proyectos compartidos.
México dispone de condiciones extraordinarias para emprender esa tarea. Su diversidad climática, su riqueza biocultural, su posición geoestratégica, la amplitud de sus mercados, la fortaleza de numerosas instituciones académicas y la experiencia acumulada en múltiples regiones ofrecen ventajas que pocas naciones concentran simultáneamente. Sin embargo, esas potencialidades permanecen dispersas porque el país continúa careciendo de una visión regional del desarrollo que permita reconocer las vocaciones territoriales específicas y articularlas dentro de un mismo proyecto nacional.
El verdadero desafío consiste en construir una nueva generación de instituciones federales capaces de coordinar esa complejidad. Ello supone recuperar la planeación democrática prevista en el artículo 26 constitucional, fortalecer los mecanismos de coordinación entre Federación, entidades federativas y municipios, establecer sistemas nacionales de evaluación con enfoque territorial.
La justicia adquiere aquí un significado particularmente profundo. Desde Aristóteles hasta John Rawls, permanece constante una idea: las instituciones justas crean condiciones para que las diferencias entre las personas no se conviertan en mecanismos permanentes de exclusión; y en el caso mexicano, esa reflexión debe ampliarse hacia las diferencias entre territorios, pues las profundas asimetrías regionales producen desigualdades acumulativas que limitan el ejercicio mismo de la libertad.
Por ello es imprescindible comprender que el desarrollo regional representa una categoría constitucional antes; y constituye el espacio donde los principios contenidos en el artículo primero encuentran su expresión material cotidiana. En esta perspectiva, la cuestión central no consiste en determinar cuánto puede crecer nuestra economía, sino qué tipo de sociedad queremos construir a partir de la generación de riqueza y su distribución justa.
México reúne las condiciones para convertirse en una referencia internacional. No solo porque puede alcanzar mayores tasas de crecimiento, sino porque podríamos demostrar que es posible articular eficazmente, como proyecto histórico, democracia, federalismo, productividad, sostenibilidad ambiental y derechos humanos. Esa sería una aportación original al pensamiento y la praxis contemporánea del desarrollo: mostrar que la prosperidad puede organizarse alrededor de la dignidad humana y que el territorio puede transformarse, de un mapa de desigualdades, en una geografía de justicia social compartida.
En ese horizonte, el desarrollo regional dejaría de ser una mera perspectiva de política sectorial, para convertirse en la forma más concreta mediante la cual el federalismo puede recuperar su vocación originaria: hacer posible una República donde la libertad, la igualdad y la dignidad no dependan del lugar donde cada persona nace o decide construir su proyecto de vida.
Investigador del PUED-UNAM