La credibilidad electoral es el grado de confianza que la ciudadanía deposita en las elecciones, en las instituciones que las organizan, en las reglas que las regulan, en la calidad moral de los consejeros electorales que las vigilan y en la certeza de que los resultados expresarán legítimamente la voluntad popular. La credibilidad electoral tiene dos aspectos: de un lado, la dimensión procedimental que radica en la confianza sobre la imparcialidad de las autoridades, la integridad del voto, el cómputo y la certeza de los resultados; y del otro, la dimensión sustantiva que está representada por la confianza respecto de que las elecciones permiten una representación auténtica de la pluralidad social existente y que el poder político responderá a las necesidades y demandas de la población.
La crisis por la que atraviesa el sistema electoral mexicano no es nueva, se remonta a un viejo diseño institucional que cometió el error de identificar la democracia con las elecciones. Más allá del perfil, concepciones políticas y preparación de las personas consejeras electorales, así como de sus decisiones institucionales -que también son importantes en determinados momentos históricos-, las reformas electorales de los últimos tiempos terminaron por distorsionar la relación entusiasmo-desconfianza que ha caracterizado a la sociedad mexicana. Hemos llegado a creer que votar periódicamente es suficiente para garantizar que el pueblo gobierne, cuando en realidad el procedimiento electoral puede contribuir, si las cosas se mantienen como están, a alejar a la ciudadanía de las decisiones políticas.
No se afirma que el sufragio carece de valor ni que debamos abandonar automáticamente las elecciones. La democracia es mucho más amplia que el acto de elegir gobernantes o legisladores cada determinado número de años. Es claro que una sociedad puede celebrar elecciones libres y, al mismo tiempo, padecer una grave crisis de representación, desigualdad política, corrupción y desconfianza institucional. Los riesgos que se presentan son mayor abstencionismo, incremento de la suspicacia política, el monopolio de las instituciones electorales en manos de grupos con intereses propios, nueva polarización político-electoral y pérdida de representatividad. La pregunta central que aparece entonces es: ¿cómo recuperar el poder ciudadano cuando los mecanismos electorales ya no garantizan una participación democrática efectiva?
La problemática que actualmente enfrenta el Instituto Nacional Electoral trasciende la situación personal de su consejera presidenta y cuestiona en su conjunto el modo de funcionamiento e integración de nuestro sistema electoral nacional y local.
Las sospechas sobre la contratación de bienes y servicios afectan la reputación del INE precisamente cuando México se prepara para las elecciones intermedias de 2027, proceso que inició hace un mes. La respuesta democrática debe esclarecer la legalidad de las acciones y la responsabilidad de quienes autorizaron. Se deben investigar y transparentar los expedientes, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan. El mayor riesgo es que la controversia erosione aún más la confianza ciudadana en el árbitro electoral.
Aunque las elecciones libres constituyen una conquista histórica irrenunciable, la legitimidad de un régimen democrático depende de la honestidad de sus instituciones, la transparencia en el ejercicio del poder y la capacidad de la ciudadanía para exigir cuentas a quienes gobiernan. En términos de credibilidad electoral, el INE no puede pedir confianza solamente porque es una institución autónoma, debe demostrarla mediante transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas. Si no se esclarecen los señalamientos, la desconfianza se convertirá en un problema para la legitimidad de las elecciones de 2027.
La credibilidad electoral no consiste únicamente en que la ciudadanía asuma los resultados, sino en que tenga razones verificables para confiar completamente en el proceso y en las posibilidades reales de intervenir en la vida democrática más allá de las urnas. Una democracia sólida no solo necesita elecciones confiables, necesita, sobre todo, ciudadanos que sean protagonistas del poder y no simples espectadores de su distribución.